LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR: LA CARGA FISCAL Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

Figura 1. Obtenida de https://www.telemundo.com/sites/nbcutelemundo/files/images/promo/article/2017/01/26/declaracion-de-impuestos.jpg

Docentes: Andrea Guanín Mejía
Milton Hidalgo Achig

La importancia de conocer los impuestos que son pagados en Ecuador, radica en la Constitución: Art. 286.- Las finanzas públicas, “en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes”.

La Constitución de la República establece en su sección quinta sobre el Régimen tributario, Art. 300: “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.

Con corte a diciembre 2018, como fuente de consulta, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y el Gobierno Autónomo Municipal de Latacunga, acorde a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), actualmente rigen más de una veintena de impuestos en el país, de los cuales el cobro se distribuye por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Servicio de Rentas Internas, contribuciones solidarias, los aranceles y el Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA); estos dos últimos los deben pagar los importadores. Finalmente, hay dos aportes que no están catalogados como impuestos que son la seguridad social y utilidades.

Los impuestos en los gobiernos autónomos descentralizados se rigen bajo el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). En el Art. 179, se asigna la facultad tributaria y en el Art. 172 menciona los ingresos propios de la gestión: “los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos”. Conforme a los antecedentes expuestos en el Art. 491 se establece las clases de impuestos municipales, que sin perjuicio de otros tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o metropolitana y son los siguientes:

a) El impuesto sobre la propiedad urbana;
b) El impuesto sobre la propiedad rural;
c) El impuesto de alcabalas;
d) El impuesto sobre los vehículos;
e) El impuesto de matrículas y patentes;
f) El impuesto a los espectáculos públicos;
g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos;
h) El impuesto al juego; e,
i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recauda los siguientes impuestos: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a Consumos Especiales, Impuesto Ambiental de Contaminación Vehicular, Impuesto Redimible Botellas Plásticas, Impuesto a los Vehículos Motorizados, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los Activos en el Exterior, RISE, Regalías, Patentes, Utilidades de conservación minera, Contribución para la atención integral del cáncer; para los importadores, los Aranceles y FONDINFA.

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”. Concomitante al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre la Regla fiscal Art. 81: “Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes”.

De la misma manera, en el Código Orgánico antes mencionado, se asevera que: los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidencia de la República. El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación anual.

Siendo la normativa legal vigente tan clara, los ingresos permanentes deberían garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la ciudadanía debería ser parte activa en la construcción de presupuestos participativos, que garanticen los principios de calidad y acceso al buen vivir. Nuestro país es tan rico en biodiversidad, con varias fortalezas, pero a la vez con varias debilidades. La educación es herramienta clave para fortalecer la representación ciudadana en las decisiones de gestión pública. Los impuestos recaudados deben estar enfocados a la calidad del gasto público, por ende la eficacia, la eficiencia y la transparencia deben enmarcarse como principios fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Referencias bibliográficas.

Constituyente, E. A. (2008). Constitución de la República del Ecuador.

Interno, L. D. R. T. (2000). Ley de Régimen Tributario Interno. Quito: Registro Oficial.

Ecuador, C. (2010). Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. Registro Oficial.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Docente: Synthia Álvarez Molina

Figura 1. Obtenida de http://www.publypromo.com/presupuesto.html
La participación directa de la sociedad es fundamental en la rendición de cuentas, en la que los funcionarios públicos deben responder, explicar y justificar sus actos, sujetos a un orden jurídico ético y al cumplimiento de objetivos institucionales, es decir un medio de control y de vigilancia de los presupuestos, entre la ciudadanía y el Estado.

Este documento se encamina al estudio de la importancia de la gestión por resultados, a través de un manejo presupuestario también por resultados, como un nuevo enfoque dentro de la gestión pública. La optimización del uso de recursos públicos garantiza un proceso transparente y equitativo y la mejora en el desempeño de las entidades públicas, convirtiéndose en el pilar fundamental para establecer los mecanismos de rendición de cuentas, según la redacción del nuevo texto constitucional, que fue aprobado mediante referéndum popular, el 20 de octubre de 2008 y puso en vigencia la vigésima Constitución Política del Ecuador.

El término “buen gobierno” es una forma de gobernanza y de administración pública capaz de proveer eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, es decir, debe satisfacer las necesidades de la población. Esta definición abarca los requerimientos que la nueva gestión pública deberá satisfacer, explicando cuáles de los defectos existentes en el gobierno y la administración pública deberían ser eliminados, por ejemplo: corrupción, derroche de los recursos públicos, recomendación de compadrazgos, entre otros.

Según Negretto (2009) indica que la Constitución del Ecuador de 1998 reforzó los poderes del presidente sobre la elaboración de presupuestos al introducir límites a la capacidad de los legisladores de incrementar el nivel total de gasto autorizado por el ejecutivo, mientras que la constitución de 1978 otorgó al mandatario el poder de invocar urgencia en el tratamiento de leyes con el fin de que las mismas sean votadas dentro de un tiempo límite. La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece las funciones más relevantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: velar por la transparencia y lucha anticorrupción; instaurar mecanismos de rendición de cuentas y veedurías; investigar denuncias sobre actos que generen corrupción o afecten la participación; elaborar informes que determinen indicios de responsabilidad entre otras.

El Presidente de la República del Ecuador de turno, en el año 2011, dispuso la implementación obligatoria del Proyecto “Gobierno Por Resultados” (GPR) en todas las instituciones públicas de la Función Ejecutiva, como responsabilidad de la Secretaría General de la Administración Pública, a la que autorizó expedir las normas para su implementación. Mediante Acuerdo Ministerial se dio cumplimiento a la Carta Iberoamericana de Calidad de la Administración Pública para obtener un “Buen Gobierno Democrático”, y otra Norma Técnica de implementación y operación de la metodología y herramienta del “Gobierno por Resultados” (Granda, 2016).

Según Franciskovic (2013), el uso del enfoque de resultados para elaborar el presupuesto tendría como marco de referencia los alcances de la Gestión para Resultados (GPR) y esta, a  su vez, tiene como marco conceptual la nueva Gestión Pública. Así, se ha propuesto enfrentar los nuevos desafíos que se le presentan mediante el refuerzo de la lógica gerencial que busca alcanzar eficacia y eficiencia. Esta lógica propone varios objetivos: asegurar la optimización del uso de los recursos en la producción y distribución de bienes públicos como respuesta a las exigencias de más servicios; menos impuestos, más eficacia, más eficiencia, más equidad y más calidad; además de garantizar el proceso de producción de bienes y servicios públicos.

La gestión por resultados puede definirse como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan nacional de desarrollo, en un período de tiempo determinado. Este modelo de gestión por resultados incentiva una fuerte descentralización en la toma de decisiones de gestión para que la Administración Pública pueda responder a las demandas sociales eficazmente, sin renunciar a la transparencia de la gestión, Además involucra a la reingeniería que permite introducir cambios en las prácticas de trabajo a partir del análisis de los procedimientos y circuitos administrativos y de rediseños que involucren mejoras de eficiencia. En conjunto, posibilita orientar los procesos internos al logro de los productos identificados como prioritarios en el Plan Estratégico Makón (2000).

Referencias bibliográficas .

Franciskovic, J. (2013). Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas. 28-32.

Granda, V. (2016). El Derecho de Control y su relación con las modificaciones constitucionales y jurídicas en los modelos políticos y económicos en Ecuador.

Makón, M. (2000). El modelo de gestión por resultados. 24 -27. Negretto, G. (2009). “Paradojas de la Reforma Constitucional en América Latina” . 38 – 54.